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El Gobierno de Canarias prevé aprobar definitivamente el Plan General entre abril y mayo de 2013

El Ejecutivo canario y el Ayuntamiento de Yaiza invitan a vecinos y organizaciones a aprovechar el periodo de alegaciones para intentar solventar los posibles defectos del documento.

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza hicieron este miércoles un nuevo llamamiento a vecinos, instituciones, partidos políticos y organizaciones interesadas en el ordenamiento del sur de la Isla, a presentar, antes del próximo 17 de diciembre, cuantas alegaciones consideren oportunas con el objetivo de corregir los defectos que pudiera tener el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza. En la fecha citada, vence el periodo de información pública de este documento aprobado inicialmente por el Ejecutivo regional.

Una delegación del Gobierno de Canarias, integrada por el viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, el director general de Ordenación del Territorio, Jesús Romero, y el jefe del Área de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Juan José Santana, acompañada por el cabeza visible del equipo redactor del Plan, Jorge Coderch, asistió a la Casa de la Cultura de Yaiza al encuentro previsto con el Pleno de la Corporación para el análisis del documento. Los concejales de la oposición, citados al igual que los miembros del equipo de gobierno, no estuvieron en la reunión.

Seguidamente, los representantes del Gobierno, la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, y el arquitecto responsable del equipo redactor, comparecieron en rueda de prensa para responder a todas las inquietudes planteadas por los medios de comunicación.

Mario Pérez calificó el Plan General como la herramienta que llena el vacío urbanístico de Yaiza desde 1973, que puede dar seguridad jurídica a vecinos y posibles inversores “en un momento complicado para generar economía”. El viceconsejero admitió que el Plan “no es perfecto” y por ello insistió en el aprovechamiento del periodo de exposición pública para solventar sus deficiencias. La intención del Ejecutivo, anticipó, es aprobar el Plan de manera definitiva entre abril y mayo de 2013. “El Plan de Yaiza es una apuesta del Gobierno de Canarias para ayudar a tener un planeamiento de acuerdo a la legalidad vigente”, apuntó el viceconsejero.

Por su parte, Gladys Acuña recordó que en su anterior etapa como alcaldesa, a finales de 2009, firmó con el Gobierno el convenio no sólo para posibilitar   la tramitación y aprobación del contenido estructural del Plan, sino para sentar las bases de la ordenación pormenorizada de los núcleos residenciales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación de equipamientos complementarios y la mejora de la calidad alojativa turística, entre otras necesidades del municipio. La Administración local confía en que el nuevo documento de ordenación consolide el desarrollo de Yaiza, amplíe las cotas de bienestar y que el sur se consolide como un destino turístico competitivo.

Sobre los convenios incluidos en el Plan, la alcaldesa sostuvo que “manifiestan la voluntad de los promotores de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero ahora es el momento de estudiar a fondo si esas propuestas de particulares convienen total o parcialmente a los intereses generales”. La Oficina Técnica trabaja en esta dirección para un pronunciamiento oficial a través de la redacción de alegaciones.

Calidad turística

El director del equipo redactor del Plan se remitió a la legislación de modernización turística, donde están consignados los aumentos de edificabilidad y densidad, entre otros, para explicar la propuesta “razonable” de edificabilidad dirigida a la modernización de la planta alojativa de cuatro y cinco estrellas. Del 50 por ciento de aumento permitido por compensaciones, como mínimo, el 75 por ciento debe estar destinado a zonas comunes.

Por supuesto, el Plan ha detectado el problema de los hoteles afectados con sentencias judiciales, pero en estos casos cada uno de ellos deberá analizar cuánto ha excedido la superficie edificable porque el documento establece condiciones de medición precisas. “Determinados excesos no estarán compensados en el famoso 50 por ciento”, apostilló la representación del Gobierno de Canarias.

Otro de los temas tratados en rueda de prensa fue el caso del Plan Parcial Playa Blanca. El jefe del Área de los Servicios Jurídicos de la Comunidad precisó que aunque existen sentencias que anulan el mismo, “la calificación del suelo no desaparece”. El Plan establece una ordenación que se entiende admisible dentro del nuevo modelo. “El documento no puede entrar a hacer sanciones ni legalizaciones, sino a ordenar el suelo”, precisó Juan José Santana.

Evidentemente el Plan General de Yaiza no va a resolver todos los problemas del municipio, y eso lo dejaron bastante claro los comparecientes, pero sí garantiza suelo público suficiente para los distintos equipamientos.

En cuanto a las preocupaciones vecinales por las unidades de actuación en los pueblos, el redactor del Plan apuntó que la ordenación se ha hecho considerando las características de los núcleos existentes. Si un grupo de vecinos metidos en una unidad de actuación no logran ponerse de acuerdo para urbanizar, el Ayuntamiento puede entrar a mediar para sugerir una salida favorable a los intereses de todos.

Urbanizaciones sin recepcionar

La Administración local  no va a admitir la declaración de ciertas urbanizaciones como suelo urbano consolidado ya que esto supondría aceptar que el promotor cumplió con asfaltado, alumbrado público o aceras. La alcaldesa fue tajante al decir que la Institución no admitirá convenios para recepcionar urbanizaciones que no estén terminadas.

La alcaldesa además anticipó que el próximo martes tiene una reunión en Madrid con la Dirección General de Costas para avanzar en la búsqueda de una solución a Playa Quemada y El Golfo, pueblos que quedaron fueran del Plan de Yaiza al estar afectados por el deslinde de Costas que no los considera como núcleos urbanos consolidados. En el proceso de redacción del Plan, el Ayuntamiento aportó toda la documentación posible para acreditar la condición de ambos pagos pero el Ministerio de Medio Ambiente desestimó la misma. La solución pasa por la reforma legislativa propuesta por el Gobierno central.

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