Yaiza estudia con el sector privado la promoción de viviendas protegidas para alquiler asequible

El Ayuntamiento valora el modelo de colaboración público-privada propuesto por RIC Private Equity a través de Orion Rental Socimi, S.A. Óscar Noda declara que “estamos abiertos a estudiar todas las propuestas que permitan ampliar el parque de viviendas de alquiler en nuestro municipio”.

El Ayuntamiento de Yaiza sigue estudiando iniciativas complementarias al proyecto de construcción de las primeras 126 viviendas por parte del Gobierno de Canarias en suelo municipal cedido a la Comunidad Autónoma que permitan ampliar a corto y mediano plazo el parque de viviendas de alquiler de larga duración, así, ya propuso a la empresa pública Visocan la compra de una nueva fase de la urbanización Los Ajaches de Playa Blanca, casas de promoción privada en régimen de vivienda protegida, y también identifica inmuebles inacabados que pudieran transformarse en viviendas protegidas para el alquiler asequible.

La concejala de Urbanismo y Vivienda de Yaiza, Karina Centeno, mantuvo esta semana un encuentro con el presidente del Grupo Acosta Matos, José Acosta, y el consultor en materia de vivienda protegida, Francisco Matos, con la finalidad de conocer el modelo de colaboración propuesto por RIC Private Equity, a través de Orion Rental Socimi, S.A. (ORION), sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) dedicada a la promoción de viviendas protegidas para su alquiler asequible de larga duración.

El Parlamento de Canarias acaba de convalidar el Decreto Ley del Gobierno regional sobre medidas para incrementar la disponibilidad de suelo y de edificaciones con destino a vivienda, entre ellas, la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas, permitiendo que puedan finalizarse y el reconocimiento de la iniciativa privada sobre los suelos de titularidad pública para la construcción de viviendas de promoción pública.

ORION canaliza la inversión de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) desde los contribuyentes que no tienen proyectos propios donde invertir hacia una fórmula de inversión inmobiliaria con una clara utilidad social para las Islas: la promoción de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento. Para RIC Private Equity, “la vivienda protegida de alquiler asequible en Canarias es una prioridad y de que su propiedad se mantenga en manos de los canarios, una obligación”. Y en ese sentido, la SOCIMI canaria prevé dirigir su estrategia de inversión “hacia la terminación y puesta en alquiler de promociones de viviendas inacabadas ubicadas en los diferentes municipios canarios, así como la construcción de nuevas viviendas protegidas de promoción privada en suelo cedido por las administraciones públicas”.

El objetivo fundamental de este modelo propuesto por RIC Private Equity es el de poder poner en el mercado del alquiler asequible, bajo la vigencia del vigente Plan de Vivienda de Canarias, al menos 2.000 inmuebles en el conjunto del Archipiélago. La gestión del alquiler se realizaría en colaboración con Visocan, mediante un contrato de gestión, que asumiría los costes y riesgos de la gestión con los inquilinos (morosidad y posible desocupación), mientras que ORION se responsabilizaría del mantenimiento de los inmuebles.

Este nuevo modelo de colaboración público-privada tiene la singularidad de que la parte privada es además colectiva y local y contribuirá a crear un parque de viviendas protegidas de gestión pública y titularidad privada, sin generar deuda ni consumir recursos públicos. En definitiva, esta iniciativa de RIC Private Equity permitiría aumentar el parque de viviendas protegidas disponibles y ponerla a disposición de la ciudadanía, en régimen de alquiler y, a precios asequibles, a través de la colaboración público-privada.

Óscar Noda declara que “estamos abiertos a estudiar todas las iniciativas que permitan ampliar el parque de viviendas de alquiler en nuestro municipio así que la concejala Karina Centeno trabaja en todas las alternativas viables que favorezcan el acceso a la vivienda, un problema nacional de calado que se ve agravado por el traslado de vivienda de alquiler de larga duración al mercado vacacional, que además adolece de regulación”.