Gladys Acuña exige en el Parlamento al Gobierno el comienzo inmediato de las obras del Puerto de Playa Blanca
La alcaldesa y diputada pide al vicepresidente y Consejero de Obras, Pablo Rodríguez, “voluntad y que ponga su gente a trabajar”. Acuña cuestiona la dilación del Ejecutivo: “¿No sabemos qué ocurre, no sabemos qué se oculta y no sabemos por qué no se firma el acta de replanteo para el inicio de obras”.
La paciencia tiene un límite y la alcaldesa de Yaiza y diputada regional del Grupo Nueva Canarias, Gladys Acuña, cuestionó vehementemente este martes en el Parlamento de Canarias al vicepresidente del Gobierno y Consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo canario, Pablo Rodríguez, por el preocupante retraso en el comienzo de las obras de ampliación del Puerto de Playa Blanca cuyo contrato fue firmado hace ya seis meses.
Acuña pidió al consejero “voluntad política” al tiempo que espetó a Rodríguez con un contundente: “ponga su gente a trabajar”. La alcaldesa de Yaiza y diputada lanzaroteña exige una explicación convincente sobre el por qué no se ha firmado aún el acta de replanteo a pesar de haberse rubricado el contrato en octubre pasado.
“¿No sabemos qué ocurre, no sabemos qué se oculta y no sabemos por qué no se firma el acta de replanteo para el inicio de obras”. Gladys Acuña recordó al Gobierno que a finales de 2018 debe justificar a Europa la primera inversión de unos 25 millones de euros del total de más de 43 millones que cuesta este proyecto cofinanciando con fondos Feder. “Entiendo los cambios en el Gobierno, pero hemos sido lo más paciente posible y por ello pido al Gobierno y a los parlamentarios de la Isla que no volvamos a fallarle a Lanzarote”, agregó visiblemente disgustada. Acuña destacó el papel estratégico que juega el Puerto de Playa Blanca moviendo un millón de pasajeros y 250.000 vehículos al año.
Playa Blanca tuvo que esperar 20 años para consensuar y sacar adelante un proyecto que fue desbloqueado la legislatura pasada por el gobierno municipal de Yaiza presidido por Gladys Acuña.
Tras dos décadas de eterna espera, el proyecto fue licitado en abril de 2015 y adjudicado en diciembre de ese mismo año, no obstante, en enero del ejercicio siguiente fue recurrido por dos empresas licitantes ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que dicta resolución a favor de las firmas que se sintieron perjudicadas. Ya en septiembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende dicha resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos dando vía libre a la contratación que finalmente se consuma en octubre de 2016. Desde entonces, advirtió Gladys Acuña, “no sabemos nada más”.
La única respuesta del Gobierno, y entre dientes, es que “estamos centrados en el informe de la dirección técnica sobre el plan de obras, elemento fundamental para posteriormente firmar el acta de replanteo”.
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