Yaiza cancela en menos de la mitad del plazo el crédito ICO de 5,6 millones de pago a proveedores
La deuda con bancos estaba pactada hasta 2022 pero el Ayuntamiento acaba de finiquitar la obligación abonando los últimos 1,8 millones de euros en este concepto. Óscar Noda señala que “el cumplimiento de la Administración abre las puertas a nuevos créditos para ejecutar proyectos de infraestructura”.
El Ayuntamiento de Yaiza acaba de pagar anticipadamente un montante de 1.830.562,10 euros a tres bancos consiguiendo así finiquitar en menos de la mitad del plazo la totalidad de las obligaciones contraídas en 2012 a través del crédito ICO de pago a proveedores concertado por 5,6 millones de euros con vencimiento previsto en 2022. La Institución mantiene el rigor en el manejo de las cuentas que le ha permitido ir solventando la infinidad de problemas que se encontró en 2011 el gobierno municipal presidido por Gladys Acuña.
El concejal de Economía y Hacienda de Yaiza, Óscar Noda, señala que “el cumplimiento sostenido de la Administración abre las puertas a nuevas posibilidades crediticias para invertir en proyectos de infraestructura que demandan nuestros vecinos”. En cuanto al crédito ICO de 2012, Noda recuerda que el Ayuntamiento contrajo obligaciones financieras con once bancos por 5,6 millones, realizando varias cancelaciones anticipadas hasta completar el montante total de la deuda con los dos últimos pagos, uno en diciembre pasado por 610.000 euros y el definitivo de 1,8 millones abonado el 8 de febrero de 2017.
Óscar Noda sostiene que “la dinámica de pagos anticipados viene dada por la liquidez de las arcas municipales como consecuencia de la mejora en la gestión recaudatoria y la gestión responsable de los gastos”. El Ayuntamiento también se quitó el año anterior los últimos pagos de la carga de 4,6 millones de euros que suponía la deuda histórica con la Seguridad Social. La Administración cumple con sus obligaciones y el objetivo de estabilidad presupuestaria que confirma el reflote económico durante los últimos cinco años tras cúmulo de ejercicios de desorden administrativo.
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